Que la Infanta Cristina se siente finalmente en el banquillo es una muy buena noticia en general. Beneficia al pueblo que puede verse resarcido de algún modo de los supuestos desmanes que ella y su marido hubieran podido cometer, incluso aunque al final no llegara a haber una condena. Beneficia, aunque parezca un contrasentido, a la propia Monarquía como institución ya que la redime, al menos en parte, del creciente descrédito alcanzado y de la desafección cada vez mayor que siente por ella una importante parte de pueblo español. Y ya, por último, benificia muchísimo a los más rancio y granado de la clase política española que ahora no se cansa de repetir hasta el hastío que "la justicia ha funcionado y que es igual para todos". De forma paradójica, han sido las más altas instituciones del estado, con su actuación en apariencia torticera las que más palos han puesto a la rueda de la Justicia: Véase sino a la Fiscalía yendo contra el juez instructor, primero queriendo impedir toda consta que la Infanta fuera imputada y ahora con intención de recurrir el último auto del juez Castro. Tampoco sale bien parada de este asunto la Agencia Tributaria, la cual ha incurrido cuando menos en contradicciones de muy difícil explicación. Únicamente un actor se ha mantenido incólume en todo este proceso: ha sido el juez Castro. Solo gracias a su firmeza y determinación ha conseguido llevar a buen puerto tan difícil tarea. A él y solo a él se debe el mérito, así que no vengan ahora los opurtunistas de turno a decir que la justicia ha funcionado.
Posdata: Que no os amargen las fiestas, os deseo una Féliz Navidad y un próspero 2015, falta hace.
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